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Fallo V.35 XXII - Corte Suprema de Justicia de la Nación

Corte Suprema de Justicia de la Nación 29/11/1994 - Fallo V.35 XXII "Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado c/Municipalidad de Banda del Río Salí" publicado en Periódico Económico Tributario del 30/09/95 editado por La Ley S.A.E.e I. (Ingresos Brutos Directo)

 

Traslación de tributos/Gravamen local cuya incidencia no fue contemplada en la fijación de precios oficiales: no acarrea inconstitucionalidad/ La Corte Suprema abandona la teoría que había sustentado en la causa Aerolíneas Argentinas el 13/11/86.

Fallo: Y.35 XXII YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO C/ MUNICIPALIDAD DE BANDA DEL RIO SALI"

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29/11/94

Transcripción del fallo:

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1994.

 

Vistos los autos "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado c/ Municipalidad de Banda del Río Salí", para decidir sobre su procedencia.


Considerando:

1) Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Tucumán rechazo la demanda de repetición promovida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales contra la Municipalidad de Banda del Río Salí, a fin de obtener el reintegro de pagos efectuados —por periodos y montos que precisó—en concepto de gravámenes sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, en aplicación del art. 118 de la ley local 4655. Contra ese pronunciamiento la actora de­dujo el recurso extraordinario (fs. 429/436) que, denegado a fs. 447/448, dio origen a la presente queja.

2) Que la recurrente reclama la apertura del remedio federal pues entienda que el gravamen que la municipalidad ha cobrado con fundamento en una ley local, violenta el estatuto jurídico que corresponde a planta de almacenaje que posee jurisdicción territorial de la demandada, que constituye un establecimiento de utilidad nacional (en los términos del articulo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional) y que, como tal, se encuentra sometido a la potestad legislativa exclusiva del Congreso de la Nación. Ello determina, a su juicio, la invalidez: constitucional del art. 3° de la ley 22.016, que reconoce potestad tributaria a los municipios sobre empresas de utilidad nacional y entra en abierta colisión con los principios antes mencionados, que gozan de respaldo constitucional.

Aduce asimismo que la presión; del gravamen local no ha sido contemplada en la fijación de los precios de los productos que elabora, lo cual produce una distorsión entre precios y costos que afecta el desarrollo de su actividad y lesiona la inviolabilidad de la propiedad. Se agravia finalmente por la imposición de los gastos causídicos a su cargo, decisión que tacha de arbitraria.

3) Que el recurso deducido es formalmente admisible pues se ha cuestionado la validez de una ley bajo la pretensión de ser contraria a la Constitución Nacional y la decisión del superior tribunal de la causa es favorable a la validez de la: norma legal (art. -14, inciso 2°, ley 48) .

4) Que, en cuanto al fondo de la cuesti6n, tanto lo concerniente a las potestades del gobierno federal en los establecimientos previstos en el inciso 30 del art. 75 de la Constitución Nacional como así también el planteo relativo a la imposibilidad de trasladaría incidencia del gravamen local a los precios oficiales, han sido temas tratados y resueltos en senti­do adverso a la pretensión de la ape­lante en la causa S.205.XXII "Satecna Costa Afuera S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cláusula comercial (transporte marítimo)" (voto en disidencia del juez Belluscio), faIlada el 30 de septiembre de 1993, a cuyos argumentos corresponde re­mitirse por razones de brevedad. Ello determina el rechazo de la impug­nación que efectúa el recurrente sobre base constitucional.

5) Que en cuanto a la arbitrariedad invocada en relación con la im­posición de los gastos causídicos, cabe recordar que su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva carencia de fundamentación, circunstancias que no se advierten en el sub judice dado que el tribunal a quo ha expresado razones fundadas que, más allá de su acierto o error, sustentan jurídicamente la decisión impugnada.
Por ello, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario exclusivamente en cuanto a la cuestión federal tratada en los considerandos 3º y 4°, y se confirma lo decidido al respecto en la sentencia apelada. Con costas al apelante vencido (art. 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) . Reintégrese el deposito de fs. 46. Notifíquese, agréguese la queja al principal y oportunamente, remítase.—Eduar­do Moliné O'Connor.—Carlos S. Fayt. \—Augusto Cesar Belluscio. - Gustavo A. Bossert.—Enrique Petracchi.—Ricardo Levenet (h.). —Guillermo A. López.—Antonio Boggiano.


-//-to de los señores ministros doctores don Ricardo Levene (h.) y don Antonio Boggiano.

Considerando:

1) Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Tucumán rechazó la demanda promovida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales contra la Municipalidad de Banda del Río Salí, para obtener la repetición de las sumas abonadas en concepto de gravámenes que inciden sobre la actividad comercial, industrial y/o de servicios, establecidos por el art. 118 de la ley local 4655. Contra la sentencia, el representante de la empresa mencionada interpuso recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja en examen.

 

2) Que la recurrente funda su pretensión en el carácter de establecimiento de utilidad nacional de la Planta de Almacenaje Tucumán cuya actividad resulta gravada por la municipalidad demandada, lo que determinaría que; quedara sometida a la potestad legislativa de la Nación con exclusión, de toda otra, por imperio de lo prescripto por el art. 75, inc. 30, de la Constitución Nacional.

 

En este que orden de ideas, sostiene que la ley 22.016 contraría dicho precepto al reconocer en su art. 3-° tal potestad en materia tributaria -a las autoridades locales, por lo que requiere que se declare su falta de validez constitucional.

 

Afirma asimismo que el gravamen cuya procedencia impugna interfiere en una actividad -la vinculada con el transporte y distribución de hidrocarburos- que es de importancia vital para el país, al encarecerla indebidamente en razón de que en la fijación de los precios oficiales que rigen esos productos no se ha contemplado la incidencia que sobre los costos pudieran tener gravámenes como el que origina su reclamo.


Se agravia, finalmente, del modo en el que se distribuyeron las costas en el pronunciamiento apelado al que, en este aspecto, tacha de arbitrario.

3) Que en lo que concierne al cuestionamiento del tributo local con base en la carencia de potestad constitucional para aplicarlo respecto de los establecimientos contemplados en el inc. 30 del art. 75 de la Constitución Nacional, y a la invocada inconstitucionalidad de la ley 22.016, para desestimar los argumentos de la recurrente bastan los fundamentos y conclusiones expuestos por el Tribunal en reiterados pronunciamientos (sentencias del 17 de diciembre de 1991 en las causas S .152 .XXI "Santa Cruz, Provincia de c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Sociedad del Estado s/ ejecución fiscal"; D.279XXI "Di­rección Provincial de Rentas de la Provincia de Santa Cruz c/Yacimien­tos Petrolíferos Fiscales s/ejecución fiscal"; S.389.~X-XII "Salta, Pro­vincia de—Dirección General de Rentas—c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ ejecución fiscal", y sus citas, entre otros), a los que corresponde remitir en lo pertinente en razón de brevedad.

4°) Que en lo atinente al agravio vinculado con la interferencia que el gravamen impugnado provocaría en la actividad de la apelante, y que derivaría de la imposibilidad de computar la incidencia del impuesto en los precios de los productos objeto de aquella, corresponde remitirse a lo resuelto in re: L.338XXl "La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición", sentencia del 30 de septiembre de 1993, considerando 10 (voto en disidencia de los jueces Levene (h.), Fayt y Boggiano) oportunidad en la cual se sostuvo que la falta de previsión del funcionario nacional que fijo los precios oficiales sin tener en cuenta la incidencia del tributo local sobre los costos, no puede justificar un cercenamiento de las facultades impositivas del fisco provincial, por ser este ajeno a las omisiones en que incurriesen los empleados del gobierno nacional.

5º) Que, en punto a los agravios vertidos contra el modo de distribución de las costas adoptado en el pronunciamiento apelado, el recur­so no resulta admisible dado que, como reiteradamente lo ha señala­do el Tribunal, lo concerniente a ese tema en las instancias ordinarias es materia procesal y accesoria que no habilita la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 297:204 y 536; 301:1045 y 1224 y sus citas entre otros) sin que la invocación de la doctrina de la arbitrariedad efectua­da por la recurrente alcance para soslayar tal óbice, desde que para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de [a solución normativa prevista para el caso, o una decisiva carencia de fundamentación (Fallos: 296: 120, y sus citas entre otros), defectos que no se advierten en el caso.

Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario en lo atinente a los aspectos tratados en los considerandos 3 y 4, confirmándose la sentencia apelada, e improcedente en los demás. Con costas Reintégrese el deposito de fs. 46. Hágase saber, agréguese la queja a los autos principales y devuélvanse.—Ricardo Levene (h.).—Antonio Boggiano.

-//-dencia parcial del señor vicepresidente doctor don Eduardo Moliné O'Connor y del señor Ministro ; doctor don Enrique Santiago Petracchi.

Considerando:

Que las cuestiones planteadas en la presente queja son sustancialmente análogas a las resueltas por esta Corte el 30 de septiembre de 1993, en la causa L.338 XXI "La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires .Provincia de s/ repetición” (voto en disidencia de los jueces Levene (.h.), y Boggiano,) a cuyos fundamentos cabe remitirse en razón de brevedad.
Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Reintégrese el deposito de fs. 46. Sin costas. Notifíquese con copia del precedente citado, agréguese la queja a los autos principales, y devuélvase.—Carlos S. Fayt.
 

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